La PAH y el 15M presentarán alegaciones a las nuevas multas de Delegación de Gobierno por acciones de protesta contra el BBVA en el Puerto de Sagunto

El día 17 de agosto a las 12 del mediodía, los diversos miembros de la PAH y del 15M del Camp de Morvedre, a quienes Delegación de Gobierno pretende multar por el ejercicio legítimo de sus derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación, presentarán alegaciones ante este órgano exigiendo la nulidad de los expedientes sancionatorios. 

Los hechos que pretenden sancionarse han sido descritos por la Comisaría de Policía Nacional de Sagunto como una acción emprendida “de forma súbita, gritando y alborotando, provocando confusión e inseguridad entre los trabajadores y clientes de la entidad bancaria, hasta el punto de ser accionada la alarma y activado el cierre de seguridad”. 

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los miembros del Movimiento 15M, la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas y Esquerra Unida Sagunt que asistimos a la protesta pacífica ante los inminentes desalojos que Anida (constructora filial del BBVA) trata de ejecutar en la obra de urbanización del SUP – 2 Este en Puerto de Sagunto, nos comportamos en todo momento de forma absolutamente pacífica. En ningún momento intentamos entrar “de forma súbita” a la sucursal, ni gritamos ni provocamos alboroto ninguno. Las puertas de la oficina del BBVA se cerraron prácticamente al inicio de la protesta, mientras las compañeras y compañeros nos situamos en la acera, sin impedir la circulación vial y sin provocar desorden ni molestia ningunos. Estos hechos pueden ser contrastados por la filmación del acto realizada por la compañía cinematográfica Trivisión, que trabajaba en el rodaje de una película junto al lugar de la protesta. Tal fue el grado de respeto de la acción del 9 de junio que cuando los y las compañeras de la filmográfica rodaban, quienes asistimos al acto guardábamos un silencio absoluto, extremo que puede ser contrastado con el personal de la citada compañía. 

Por otra parte, en un flagrante incumplimiento de la ley, los compañeros denunciados por la Comisaría de la Policía Nacional de Sagunto no fueron, en ningún momento, identificados, conforme a lo expuesto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, con lo que las denuncias recibidas están viciadas de raíz. 

Por el lícito ejercicio de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y manifestación, a estos compañeros se les pretende sancionar con multas que oscilan entre los 300 y los 6000 euros. Se continúa así con la táctica represiva por parte del gobierno del estado quien, mediante la Delegación de Gobierno, ya ha abierto expedientes a una veintena de personas pertenecientes al 15 M por el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación. La Delegación del Gobierno pretende atemorizar a las personas que luchan por los derechos de todas y todos mediante la vía jurídica, sumando este nuevo método al ya tristemente experimentado y clásico de las cargas policiales violentas e injustificadas. 

Así, el Gobierno prioriza la defensa a los intereses especulativos de la Banca frente a la protección de los derechos constitucionales de las ciudadanas y ciudadanos que se ven indefensos ante la repetida violación del Artículo 47 de la Constitución Española, que garantiza el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada por parte de las entidades bancarias. 

Debe recordarse que la Comisión Jurídica del 15M de Valencia ya presentó alegaciones frente a la veintena de expedientes sancionadores abiertos a participantes del 15M por las acciones realizadas el día 9 de junio, día de la constitución de les Corts Valencianes y momento de la brutal carga policial contra los manifestantes; el día 11 de junio, día de la investidura de Rita Barberá y el día 19 de junio, día de la multitudinaria manifestación que congregó a decenas de miles de Indignadas e Indignados. 

Estas alegaciones exigen la nulidad de los procedimientos al entender que vulneran sus derechos fundamentales a la reunión y manifestación, así como a la libertad de expresión. Los procedimientos pretenden sancionar el ejercicio de tales derechos sobre la base de hechos falsos, siendo clara la falta de culpabilidad, de tipicidad del delito y también la manipulación de los hechos 

Se inicia así la respuesta jurídica del 15M y de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca frente a la nueva actuación política de persecución individualizada mediante sanciones económicas, contando con un masivo apoyo ciudadano a las personas afectadas, así como a las personas que están siendo agredidas por la policía al ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación. 

Los compañeros denunciados presentarán sus alegaciones en la Subdelegación de Gobierno de Valencia, situada en la calle Joaquín Ballester nº 39, frente al antiguo Hospital La Fe, el próximo día 17 de agosto a las 12 del mediodía. Para más información contactar con la Comisión Jurídica del 15M a través del teléfono 687491770. 

Nota: En caso de que nuevas compañeras y compañeros reciban denuncias similares a las ya expuestas, enviar un correo electrónico a pahmorvedre@gmail.com, adjuntando una copia de la denuncia