El concepto de bien común, interés social o interés general alcanza distintos significados para diferentes individuos y grupos de la sociedad y de tanto reiterarlo en el discurso, se ha perdido de vista cual es su contenido conceptual.
En términos muy generales, puede ser definido como el conjunto de condiciones de la vida en el seno de una sociedad que permiten a cada uno de los individuos que la integran y a las organizaciones que la componen, alcanzar su mayor desarrollo posible, de acuerdo a sus propios patrones antropológicos y culturales. El interés general es el interés de los individuos en su condición de integrantes de una sociedad política.
Necesariamente la determinación del interés general requiere una escala de valores previa, es decir, una ideología que privilegie la puesta en marcha de determinadas políticas públicas en vez de otras. Es necesario interpretar y descubrir este interés general, sin que al propio tiempo violente los valores individuales.
Los representantes políticos han decidido que el tren de alta velocidad es una infraestructura de interés general. Esto significa que consideran prioritario invertir el 70 % de los fondos destinados al sector ferroviario en una alta velocidad que sólo emplea el 2 % de los usuarios del ferrocarril, mientras que el tren convencional falto de recursos y utilizado por el 98 % restante sólo recibe el 30 % de las inversiones, condenando a la población al transporte por carretera.
Consideran de interés público la desmembración de RENFE, la privatización de servicios y la apertura de las líneas de ferrocarril a operadores privados, así como trabajar por la desaparición del ferrocarril como servicio público y barato, favoreciendo las redes de alta velocidad, para usuarios de alto nivel adquisitivo, construidas y mantenidas con fondos públicos y explotadas por operadores privados.
Consideran de interés social una infraestructura que no se adecua al territorio, sino que se impone agresivamente sobre él, destruyendo y segmentando el medio, arrasando tierras fértiles por la extracción de áridos y la ocupación física del territorio, agravando el riesgo de inundación, separando a la gente de sus tierras y a los pueblos entre si.
Consideran beneficioso para la sociedad unir sólo grandes ciudades marginando las zonas rurales y las ciudades intermedias, incomunicando y desvertebrando el territorio y favoreciendo los procesos de concentración urbana.
Consideran de utilidad pública que los principales beneficiarios sean las empresas constructoras. Justifican esta enorme inversión aunque su elevado coste no se pueda amortizar nunca y que su funcionamiento y mantenimiento no se pueda cubrir con el precio del billete.
Consideran de interés general fomentar un modelo de vida de deslocalización del lugar de trabajo, de ocio y de residencia, favoreciendo la destrucción del territorio como espacio de vida y de comunidad.
La declaración de interés general de una obra pública supone la pérdida de control del municipio afectado sobre parte de su territorio y sobre el futuro de la calidad de vida de sus habitantes.
La legislación de ordenación del territorio considera que determinadas obras públicas, por su interés general no afectan al urbanismo sino a la ordenación del territorio, por lo que no están sometidas a la licencia municipal. En determinadas obras promovidas por la Administración, si concurren razones de urgencia o excepcional interés público, se sigue el procedimiento previsto en el Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, siendo este procedimiento alternativo a la licencia municipal.
Este marco legal y administrativo deja a los ayuntamientos y a sus vecinos en el más absoluto desamparo e indefensión.
La Vall de Segó, subcomarca del Camp de Morvedre, sufre la agresión de este interés general secuestrado por intereses privados. La pretensión del ministerio de Fomento de implantar siete canteras de donde extraer los áridos necesarios para la construcción de las líneas de alta velocidad Valencia-Castellón y Sagunto-Teruel ha despertado la indignación en los pueblos afectados de Quart y Benifairó de les Valls. Las cantera proyectadas arrasarán zonas de gran valor agrícola, ambiental y paisajístico, perjudicarán la calidad de vida en el valle, afectarán al pozo de agua potable de Benifairó y eliminarán yacimientos arqueológicos. Los proyectos incumplen las normativas urbanísticas municipales.
El concepto de interés general, vaciado de su significado original se convierte en un medio de depredación de los recursos públicos y del territorio como bien común y social. La estructura legal respalda esta política. La Vall de Segó grita “No a las pedreras y no al AVE”.
José Antonio Fernández
Miembro del 15M – La vall de Segó pren el carrer – lavalldesegoprenelcarrer@gmail.com
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